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Este texto de La Jornada, publicado el 4 de diciembre de 2024, analiza la discusión del Presupuesto de Egresos 2025 en el Congreso, centrándose en las críticas a la asignación de recursos a diversas instituciones gubernamentales y la falta de transparencia en su uso. Se argumenta que la reducción presupuestal a ciertas dependencias no implica necesariamente un ataque a sus funciones, sino una medida de austeridad ante el despilfarro detectado en algunas de ellas. El texto utiliza ejemplos concretos para ilustrar su argumento, principalmente enfocándose en el Poder Judicial Federal.

Resumen:

• Se critica la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 2025, señalando excesos y falta de transparencia en su uso por parte de varias instituciones.
• Se refuta la idea de que la reducción presupuestal a una dependencia equivale a un ataque a sus funciones, argumentando que en muchos casos se trata de una reasignación de recursos o una medida de austeridad.
• Se utiliza como ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacando gastos excesivos en áreas como alimentación (49.9 millones de pesos), celebraciones (1.2 millones de pesos), mantenimiento de jardineras (504 mil pesos) y donaciones millonarias que podrían constituir tráfico de influencias.
• Se compara el presupuesto y la productividad de la SCJN con sus contrapartes en Estados Unidos y España, mostrando una gran disparidad en eficiencia y costo.
• Se menciona que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destina el 85.4% de su presupuesto a servicios personales (sueldos, salarios, etc.).
• Se extiende la crítica a otras instituciones como universidades y organismos autónomos, señalando una falta generalizada de sobriedad en el manejo de los recursos públicos.
• Se argumenta que la austeridad republicana, implementada hace más de seis años, no ha logrado un cambio de mentalidad en la alta burocracia.

Conclusión:

• La falta de transparencia y el despilfarro de recursos públicos son problemas sistémicos que requieren una solución urgente.
• Es necesario un cambio de mentalidad en la alta burocracia para lograr una administración pública más eficiente y responsable.
• La reasignación de recursos debe ser transparente y justificada, evitando afectar las funciones sustantivas de las instituciones.
• La austeridad republicana debe ser más efectiva para combatir la corrupción y el despilfarro.