Este texto de Mariana Campos, publicado el 4 de diciembre de 2024, analiza el preocupante recorte al presupuesto de salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 de México, y sus consecuencias para la población sin seguridad social. El artículo argumenta que esta decisión refleja una falta de prioridad del gobierno federal hacia la salud pública, con graves implicaciones económicas y sociales.
Resumen:
El excesivo endeudamiento del Gobierno federal, resultado de financiar programas sin generar ingresos suficientes, ha llevado a que el costo financiero de la deuda consuma una gran parte del presupuesto. En 2025, alcanzará el 3.8% del PIB.
El PPEF 2025 propone un recorte de 122 mil millones de pesos (12.2%) en el presupuesto de salud, reduciendo el gasto público en salud al nivel más bajo desde 2010 (2.4% del PIB).
Este recorte afecta principalmente a la población sin seguridad social, con un recorte del 22% en las instituciones que les atienden, y reducciones significativas en los servicios de salud estatales (42.5%) y de la Secretaría de Salud (34%).
El gasto anual per cápita para personas sin seguridad social se reduciría a 4,490 pesos, el más bajo en 15 años, creando una brecha del 95% con el gasto en salud de las personas aseguradas.
México ocupa el lugar 19 de 24 países en la región con menor gasto gubernamental per cápita en salud (según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL).
El gasto de bolsillo en salud en México es el más alto de la OCDE, con 41 centavos de cada peso gastado saliendo del bolsillo de los mexicanos.
El recorte se produce a pesar de que la epidemia de sobrepeso y obesidad disminuye el crecimiento económico de México en un 5.3% del PIB, según la OCDE.
La falta de obligación legal para presupuestar una cuota por usuario en servicios de salud para no asegurados permite la discrecionalidad del gobierno en este rubro.
El gobierno ha priorizado programas de transferencias universales (pensiones y becas) sobre programas de salud dirigidos a la población de menores ingresos.
El recorte se considera un retroceso histórico, que pone en riesgo el derecho a la salud y puede aumentar la pobreza.
Un sistema de salud debilitado será incapaz de enfrentar las demandas de una población cada vez más longeva y con enfermedades crónicas.
Conclusión:
El recorte al presupuesto de salud en el PPEF 2025 es una decisión grave con consecuencias negativas a largo plazo para la población mexicana, especialmente para los más vulnerables.
Se requiere una mayor inversión pública en salud, considerando este rubro como una inversión y no un gasto prescindible.
Es fundamental acotar la discrecionalidad del gobierno en el presupuesto de salud para los no asegurados y garantizar el derecho a la salud de esta población.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda del sistema de salud mexicano para asegurar un acceso equitativo y digno a los servicios de salud para todos los ciudadanos.
