Este texto de Giovanni Hernandez, escrito el 4 de Diciembre de 2024, analiza las consecuencias negativas del diseño de las elecciones para el Poder Judicial, específicamente en relación a las reglas de las campañas electorales y el acceso a medios de comunicación. El autor argumenta que la reforma constitucional presenta más problemas que soluciones, especialmente en cuanto a la distribución de tiempos en radio y televisión.
Resumen:
La premura en la aprobación de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial generó problemas de fondo en el diseño de las elecciones.
El modelo para el acceso a radio y televisión para las candidaturas se diseñó bajo una óptica partidista, restringiendo la participación de los partidos.
La reforma prohíbe el financiamiento público y privado para las campañas, la contratación de tiempos en radio y televisión, y establece un tope de gastos personales de 230 mil pesos.
La prohibición de contratar tiempos en radio y televisión crea un dilema, ya que la adquisición de tiempos (donaciones en especie) no está prohibida.
El modelo de comunicación política es cerrado, con asignación de tiempos administrados por el INE (Instituto Nacional Electoral), distribuidos entre partidos y no directamente a las candidaturas.
Para la elección del Poder Judicial, la asignación de tiempos se hace a las candidaturas, generando un problema de distribución dado el gran número de candidatos (81) en comparación con la cantidad de espacios disponibles (96 spots diarios).
La distribución de tiempos entre 81 candidaturas es significativamente diferente a la distribución entre 6 partidos políticos, lo que resulta en una asignación mínima de espacios por candidato.
La reforma ignora la importancia de las redes sociales y medios digitales como herramientas de campaña, donde no existen restricciones de financiamiento.
Los legisladores olvidaron la realidad de las campañas políticas y cómo se financian en la práctica.
Conclusión:
La reforma constitucional presenta fallas significativas en su diseño, especialmente en relación al acceso a medios de comunicación para las candidaturas al Poder Judicial.
La falta de consideración del número de candidaturas y la preponderancia de las redes sociales como herramienta de campaña son factores cruciales que no se tomaron en cuenta.
La solución propuesta (prohibición de financiamiento y asignación de tiempos por el INE) resulta ineficaz e inequitativa.
Se requiere una revisión profunda del modelo para garantizar una campaña electoral justa y equitativa para todas las candidaturas.
