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Este texto, escrito por Carlos Marín el 4 de diciembre de 2024, describe la resistencia de jueces y magistrados mexicanos contra una reforma constitucional que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Se centra en las acciones legales emprendidas y las preocupaciones sobre la legalidad del proceso de selección de candidatos.

Resumen:

• El juez segundo de distrito de Colima, Javier García Contreras, denunció ante la Fiscalía General de la República a miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por no acatar suspensiones provisionales que frenan la elección popular de jueces.
• Se han presentado alrededor de 1500 juicios de amparo, con aproximadamente 500 suspensiones otorgadas que no se han respetado.
• El Tribunal de Circuito de Querétaro amplió los efectos de una suspensión provisional e inició un incidente contra la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el Senado, el Consejo de la Judicatura Federal y el INE.

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• El plazo para que los Tres Poderes presenten sus listas de aspirantes vence el 15 de diciembre, con una sospechosa cantidad de inscripciones en el Ejecutivo (18,447) y Legislativo (27,146), mientras que el Judicial solo recibió 3,805.
• La magistrada Julia María del Carmen García González, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señala la imposibilidad de una evaluación seria del gran número de aspirantes del Ejecutivo en el tiempo disponible.
• Se cuestiona la legalidad de la evaluación de los aspirantes del Ejecutivo, mencionando a los evaluadores: magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Baz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz, y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

Conclusión:

• La reforma constitucional que permite la elección popular de jueces genera una fuerte resistencia judicial.
• Se cuestiona la legalidad del proceso de selección de candidatos, especialmente en el Ejecutivo, debido a la gran cantidad de inscripciones en poco tiempo y la falta de tiempo para una evaluación adecuada.
• La situación implica un desafío al Estado de Derecho en México.
• El desenlace de las acciones legales emprendidas determinará el futuro de la reforma y el proceso de selección de jueces.