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Este texto analiza la rebaja de la perspectiva de la calificación crediticia de México por parte de Moody’s, de "estable" a "negativa", manteniendo el grado de inversión (Baa2). El autor argumenta que esto se debe a un debilitamiento en la generación de políticas públicas y las bases institucionales, con consecuencias negativas para el acceso a los mercados de capitales y las finanzas públicas. Se discute la importancia de la certidumbre jurídica para la inversión privada y se critica la manipulación ideológica de las reglas jurídicas en México desde 2018.

Resumen

• Moody’s bajó la perspectiva de la calificación crediticia de México a "negativa", citando un debilitamiento en la generación de políticas públicas y las bases institucionales.
• Esto aumenta la probabilidad de una futura modificación negativa en la calificación de riesgo, con graves consecuencias para las finanzas públicas y el acceso a los mercados de capitales.
• Los mercados internacionales se centran en la capacidad de un país para cumplir sus compromisos de pago, independientemente de sus ideologías.
• La certidumbre jurídica es esencial para la inversión privada, pero el gobierno mexicano ha realizado cambios ideológicos en su estructura institucional desde 2018, alterando la interpretación de las reglas jurídicas.
• Una regla jurídica debe ser general, abstracta y coercible, y su correcta formulación e interpretación son cruciales para su eficacia. La interpretación auténtica es clave para evitar confusiones.
• La independencia e imparcialidad del poder judicial son esenciales para la aplicación objetiva de las normas jurídicas. La politización de la selección de jueces compromete estos principios.
• La manipulación de las reglas jurídicas, motivada por creencias o intereses de grupo, las torna ineficaces e impide su correcto funcionamiento.
• La politización de la creación e interpretación de las reglas jurídicas en México incrementa el riesgo de impago de las deudas del país, lo que explica la decisión de Moody’s.

Conclusión

El autor concluye que la decisión de Moody’s refleja una preocupación legítima sobre la estabilidad institucional y la certidumbre jurídica en México. La politización del sistema judicial y la manipulación de las reglas jurídicas, según el autor, aumentan el riesgo país y tienen consecuencias negativas para la economía mexicana. La falta de objetividad en la creación y aplicación de las normas legales socava la confianza de los inversores internacionales y perjudica el desarrollo económico del país. Miguel A. Rosillo, abogado y profesor de derecho, advierte sobre las implicaciones de estas prácticas para el futuro financiero de México.