Análisis de Columna de Opinión Justicia expedita, accesible, moderna en El Universal

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Este texto, escrito por Ernestina Godoy Ramos el 22 de Septiembre de 2025, resume el segundo paquete de reformas judiciales impulsadas tras la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024. El objetivo principal es armonizar las leyes secundarias con los cambios constitucionales para garantizar una justicia más eficaz y pronta en México.

Un dato importante es la fijación de plazos procesales concretos en materia tributaria y penal, buscando una justicia más rápida y expedita.

📝 Puntos clave

Se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer plazos y evitar dilaciones en los procesos.
Se implementaron medidas de protección para la seguridad e identidad de los jueces en casos de delincuencia organizada.
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Se armonizó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión, delitos con precursores químicos, fentanilo, drogas sintéticas, contrabando y facturas falsas.
Se incorporaron las notificaciones digitales y se establecieron reglas precisas para la flagrancia, siempre bajo control judicial.
Se fijaron plazos de 6 meses para resolver juicios en vía sumaria en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Se fortaleció la Ley de Amparo para hacerla más ágil, impulsando la justicia digital y definiendo con precisión el interés legítimo de las personas.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es la principal preocupación o crítica que podría surgir de estas reformas, según el texto?

La principal preocupación es el uso del amparo para retrasar la justicia, proteger privilegios o como un escudo de impunidad, lo que podría socavar la efectividad de las reformas si no se implementan adecuadamente.

¿Cuál es el aspecto más positivo o beneficioso de estas reformas, según el texto?

El aspecto más positivo es la búsqueda de una justicia rápida, clara, moderna y al servicio de la gente, a través de la fijación de plazos procesales, la protección de jueces y el fortalecimiento de la Ley de Amparo para proteger los derechos de los ciudadanos.