Análisis de Columna de Opinión Prisión preventiva oficiosa: la ignominia en El Universal

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Este texto de Lorenzo Cordova Vianello, escrito el 5 de diciembre de 2024, critica la prisión preventiva oficiosa (PPO) en México, argumentando que es contraria a los derechos humanos y a las sentencias internacionales. El autor analiza las razones conceptuales y legales que sustentan su postura, además de criticar las acciones del gobierno y el congreso mexicano.

Resumen:

La PPO contradice el derecho a la presunción de inocencia, al detener a individuos sin la necesidad de justificación individual.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró en 2022 que la PPO es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligando a México a modificarla.
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El ex secretario de Gobernación y su sucesora mostraron una postura contraria a la sentencia de la CoIDH, utilizando argumentos falsos sobre la liberación masiva de presuntos delincuentes.
El Congreso de México recientemente amplió el catálogo de delitos que ameritan la PPO, demostrando un desprecio por los derechos humanos.
La aprobación de la ampliación de la PPO contó con el apoyo de legisladores de oposición, mostrando una falta de compromiso con los derechos humanos.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ha expresado su desprecio por los derechos humanos, calificándolos como invenciones del neoliberalismo.

Conclusión:

La persistencia de la PPO en México representa una violación a los derechos humanos y al derecho internacional.
La falta de voluntad política para eliminar la PPO, incluso por parte de la oposición, es preocupante.
La decisión del Congreso de ampliar la PPO demuestra una tendencia autoritaria en el gobierno mexicano.
La justificación de la PPO en nombre de la seguridad pública es una falacia, ya que la eliminación de la "oficiosidad" no implica la eliminación de la prisión preventiva en sí misma.
Se requiere un cambio urgente en la legislación mexicana para cumplir con las sentencias internacionales y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.