El texto de Francisco Garfias, escrito el 5 de diciembre de 2024, analiza la aprobación de las reformas judiciales en México, bajo la administración de la 4T, destacando la influencia del poder ejecutivo en el legislativo y las consecuencias de este proceso. Se critica la falta de debate real y la imposición de una "línea" oficial en la toma de decisiones.
Resumen:
La aprobación del "Plan C" de Andrés Manuel López Obrador, heredado a su sucesora en Palacio Nacional, se llevó a cabo sin un debate significativo en el Congreso, con la complicidad del INE y el TEPJF.
La reelección de Rosario Piedra en la CNDH y la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma judicial, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, se realizaron con el rechazo de la oposición.
El senador panista Ricardo Anaya criticó la reforma judicial, argumentando que no se diseñó para solucionar los problemas de impunidad, sino para que el partido en el poder controle el poder judicial.
El senador morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, defendió la reforma, argumentando que responde a la necesidad de justicia.
El senador panista Gustavo Sánchez Vázquez criticó la nueva ley de carrera judicial, calificándola de superficial y susceptible a la influencia política, y comparó el Tribunal Disciplinario propuesto con la Santa Inquisición.
Senadoras del PVEM, Maki Ortiz y Ruth González Silva, criticaron el recorte presupuestal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Se evidenció un conflicto entre senadores del oficialismo, con Gerardo Fernández Noroña acusando a Javier Corral de "malagradecido".
Conclusión:
La aprobación de las reformas judiciales en México refleja una falta de independencia del poder legislativo respecto al ejecutivo.
La crítica a la reforma judicial se centra en su falta de efectividad para combatir la impunidad y en su potencial para la manipulación política.
Las discrepancias internas dentro del partido oficialista evidencian tensiones y contradicciones en el proceso de toma de decisiones.
El recorte presupuestal a la SEMARNAT pone en duda el compromiso del gobierno con la protección del medio ambiente.
