Este texto de Lourdes Morales Canales, escrito el 5 de diciembre de 2024, analiza la apresurada aprobación de una reforma constitucional que eliminó siete organismos constitucionales autónomos en México, dejando a 3,500 trabajadores en el limbo y generando preocupaciones sobre la transparencia y el acceso a la información. El texto critica la falta de debate público y la rapidez con la que se llevó a cabo la reforma, destacando las consecuencias negativas para la sociedad.
Resumen:
La reforma constitucional eliminó siete organismos constitucionales autónomos, incluyendo el INAI y los órganos garantes estatales, sin un debate público amplio ni evidencia verificable.
La reforma se basó en la modificación de nueve artículos de la Constitución, transfiriendo las funciones de transparencia y acceso a la información a las propias dependencias del gobierno, bajo la supervisión de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, las contralorías, los tribunales de conciliación y arbitraje y el INE.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, junto con organizaciones sociales y cámaras empresariales, expresaron su preocupación por los efectos negativos de la reforma.
La reforma no define cómo se tramitarán las quejas por falta de información, ni qué sucederá con la Plataforma Nacional de Transparencia, que alberga 15 mil millones de registros.
La organización Signos Vitales documentó la pérdida de información en plataformas de transparencia de Pemex y CFE, incluyendo 1.9 millones de contratos de compras públicas.
La reforma impone un modelo centralista, obligando a las entidades federativas a trasladar las funciones de los órganos garantes estatales a sus propias contralorías, a diferencia de la reforma de 2014 que se basó en la convencionalidad y progresividad del derecho a saber.
Se omitió incluir cambios al Artículo 122 de la Constitución, que regula la Ciudad de México, a pesar de que el Congreso de la capital votó a favor de la reforma.
Conclusión:
La reforma constitucional, aprobada apresuradamente, genera incertidumbre sobre el futuro de la transparencia y el acceso a la información en México.
La falta de claridad en las leyes secundarias y la centralización del control de la información representan un retroceso en los avances logrados en materia de transparencia.
Se requiere un análisis profundo y la participación ciudadana para evaluar las consecuencias de esta reforma y asegurar el respeto a los derechos de acceso a la información pública.
La omisión del Artículo 122 en la reforma requiere una corrección por parte de los legisladores.
