Este texto de Alfredo González Castro, publicado el 2 de diciembre de 2024, analiza las consecuencias de la oposición de algunos ministros a la Reforma Judicial en México, centrándose en el bajo número de solicitudes recibidas por el Poder Judicial en comparación con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y en las repercusiones para los empleados judiciales. También aborda casos de funcionarios que buscaron puestos en la judicatura ante la posible desaparición de sus instituciones y un caso de corrupción en Segalmex.
Resumen:
Ministros del Poder Judicial que se opusieron a la Reforma Judicial impusieron numerosos requisitos para la selección de jueces, ministros y magistrados, resultando en solo 3,805 registros, en comparación con 26,883 del Poder Legislativo y 18,447 del Poder Ejecutivo.
A propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se implementó un riguroso examen para los aspirantes.
Ministros opositores, encabezados por Norma Piña, disuadieron a empleados del Poder Judicial de participar, incluso despidiendo a algunos, como dos integrantes de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat.
La resistencia a la reforma perjudicó a muchos empleados judiciales de menor jerarquía que, por lealtad, no se inscribieron y ahora perderán sus puestos y no recibirán sus haberes de retiro. Ministras como Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres sí participaron en el proceso.
Funcionarios de instituciones como el INAI (Josefina Román y Yadira Alarcón) e InfoCDMX (Julio César Bonilla y Arístides Guerrero) buscaron puestos en la judicatura ante la incertidumbre sobre el futuro de sus instituciones.
Reynaldo Segreste Rojas, sobrino de René Gavira Segreste, exdirector de Administración de Segalmex, demandó a Liconsa y recibirá un laudo millonario tras ser reinstalado, a pesar de la implicación de su tío en un desfalco de 2,700 millones de pesos en Segalmex.
Conclusión:
La oposición de algunos ministros a la Reforma Judicial tuvo consecuencias negativas para muchos empleados del Poder Judicial.
La estrategia de resistencia se convirtió en un búmeran, perjudicando a quienes la siguieron.
La búsqueda de puestos judiciales por parte de funcionarios de otras instituciones refleja la incertidumbre generada por posibles cambios institucionales.
El caso de Segalmex ilustra la persistencia de la corrupción en el gobierno.
La situación expone una falta de transparencia y posibles conflictos de interés dentro del Poder Judicial.
