Este texto de Alberto Aguirre, escrito el 2 de diciembre de 2024, analiza la campaña anticipada para las vacantes en el Poder Judicial de la Federación, destacando las estrategias de diferentes aspirantes y el contexto político que rodea el proceso. Se mencionan varios aspirantes con diferentes perfiles y trayectorias, así como las implicaciones de la reforma constitucional en el futuro de algunos funcionarios.
Resumen
La campaña para las vacantes en el Poder Judicial de la Federación (elecciones el 1 de junio de 2025) ya ha comenzado, incluso sin una lista oficial de aspirantes.
Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz Alfh están activamente buscando la presidencia del Pleno del Tribunal Supremo, utilizando diferentes estrategias de campaña.
César Gutiérrez Prieto, abogado con experiencia en juzgados federales y militares, se presenta como un "abogado del pueblo", denunciando una "campaña de linchamiento" en su contra. Su candidatura está ligada a la de su padre, el exzar antidrogas y general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Otros aspirantes destacados incluyen a Ana María Ibarra Olguín, con experiencia como secretaria proyectista en la SCJN; Julio Mora, abogado postulante desde la sociedad civil; y América Esmeralda López Pelcastre, exdirigente estudiantil.
La abogada Josefina Román Vergara, próxima excomisionada del Inai, considera dos opciones: un cargo en el Poder Judicial o regresar a México como titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado de México. Su futuro depende de la revisión de la Cuenta Pública 2023.
Se mencionan otros aspirantes como Roberto Gil Zuarth y Gilberto Higuera Bernal.
Conclusión
La contienda por las vacantes en el Poder Judicial de la Federación se caracteriza por una intensa actividad mediática y la diversidad de perfiles de los aspirantes.
El proceso electoral está influenciado por el contexto político actual y las reformas constitucionales en curso.
El futuro de algunos funcionarios, como los del Inai, está estrechamente ligado a los resultados de las auditorías gubernamentales.
La falta de regulación en la campaña genera una dinámica competitiva intensa entre los candidatos.
