Este texto de Salvador García Soto, del 2 de diciembre de 2024, analiza las preocupaciones y desafíos que rodean la primera elección judicial en la historia contemporánea de México. El autor expresa serias dudas sobre la organización, financiamiento y legitimidad del proceso. Además, se abordan temas de posible influencia política y opacidad en el registro de candidatos.
Resumen:
El proceso electoral para la elección judicial inicia con poco tiempo, falta de financiamiento (se solicitaron 13 mil millones de pesos, pero se espera recibir menos de la mitad) y falta de experiencia previa del INE en este tipo de elecciones.
Se anticipa una baja participación ciudadana, similar a la del referéndum de 2022 (17% de participación), lo que podría afectar la legitimidad de los resultados, a pesar de que la elección sería válida incluso con un solo voto.
Existe una preocupación significativa sobre la posible influencia de Morena en la elección, dado que muchos candidatos tienen vínculos con el partido. Se menciona la posibilidad de que se pida a beneficiarios de programas sociales que voten por candidatos afines al régimen.
El proceso de registro de candidatos presentó irregularidades, con algunos individuos registrándose múltiples veces para diferentes cargos. La laxitud en las reglas permitió a algunos aspirantes registrarse simultáneamente para puestos en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El financiamiento de la elección es otro punto crítico. Morena planea utilizar recursos de fideicomisos del Poder Judicial, lo que genera controversia por el posible impacto en las pensiones y liquidaciones de los trabajadores judiciales.
Conclusión:
La primera elección judicial en México enfrenta numerosos desafíos que ponen en duda su transparencia, legitimidad y calidad democrática.
La falta de recursos, la posible influencia política y las irregularidades en el registro de candidatos generan una gran incertidumbre sobre el resultado del proceso.
La falta de un embajador en Washington genera preocupación en el contexto de las relaciones con Estados Unidos.
La situación requiere una respuesta inmediata y eficaz por parte del gobierno mexicano para asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
