Análisis de Columna de Opinión La Corte sí puede revisar la reforma en Grupo Milenio

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El texto de Katya Morales Prado del 7 de Octubre del 2024, analiza la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise una reforma constitucional. El texto argumenta que la Corte sí tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las reformas, basándose en la protección de los derechos fundamentales y la interpretación integral de la Constitución.

Resumen

Katya Morales Prado argumenta que los derechos fundamentales no son otorgados por la Constitución, sino que ésta los reconoce. Estos derechos existen independientemente de la Constitución y deben ser respetados.
El artículo 1º de la Constitución Mexicana establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto significa que los derechos humanos están por encima de la Constitución y están respaldados por el derecho internacional.
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La división de poderes, con el control judicial como elemento esencial, busca evitar el poder absoluto y garantizar la democracia.
Los derechos fundamentales deben ser progresivos, es decir, deben ir en aumento y no deben ser disminuidos, restringidos o reducidos.
El derecho humano de acceso a la justicia requiere de la autonomía e independencia judicial. Si los jueces están alineados a intereses partidistas, se vería disminuido el derecho de acceso a la justicia.
La Constitución debe interpretarse de manera integral, respetando el proceso establecido para las reformas, evitando trampas y garantizando la armonía con el contenido de la Constitución.
Katya Morales Prado considera que la Corte puede determinar que una reforma vulnera derechos fundamentales y por lo tanto invalidarla.
Katya Morales Prado argumenta que la reforma al Poder Judicial debe ser progresiva en los derechos fundamentales, respetando el proceso establecido y garantizando la independencia judicial.

Conclusión

Katya Morales Prado defiende la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar reformas constitucionales, argumentando que la protección de los derechos fundamentales y la interpretación integral de la Constitución son esenciales para un sistema de justicia efectivo.