La ciudad no es un Airbnb

El texto de Gabriel Torres Espinoza, fechado el 2 de Octubre de 2025, analiza la problemática del acceso a la vivienda en Jalisco, señalando cómo se ha transformado en un bien de especulación financiera, afectando la justicia social y el derecho a la ciudad.

El Índice de Precios de la Vivienda en Jalisco creció un 11.1% en un año, ubicando al estado entre los diez más caros del país.

📝 Puntos clave

• El informe denuncia que la vivienda en Jalisco ha dejado de ser un derecho fundamental para convertirse en un bien de especulación.
• El Índice de Precios de la Vivienda ha experimentado un aumento significativo, generando exclusión territorial.

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• Se necesitan 46 años de ahorro continuo para acceder a una vivienda promedio en Jalisco, destinando un tercio del salario.
• El ISAI no cumple su función redistributiva, ya que no diferencia entre la adquisición de la primera vivienda y la compra de inmuebles como inversión.
• La recaudación del ISAI no se destina a programas de vivienda social ni a la contención de la gentrificación.
• La planeación urbana en Jalisco prioriza los intereses de los desarrolladores sobre los derechos de los ciudadanos.
• Se propone aplicar tasas progresivas a las segundas viviendas y gravar las herencias inmobiliarias de alto valor como medidas de justicia.
• Se enfatiza la necesidad de que el Estado regule y proteja el derecho a la vivienda para evitar la perpetuación de la desigualdad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que se desprende del análisis de Gabriel Torres Espinoza?

La falta de regulación y la priorización de los intereses de los desarrolladores sobre las necesidades de los ciudadanos, lo que lleva a una ciudad inaccesible y a la perpetuación de la desigualdad en el acceso a la vivienda.

¿Qué soluciones o propuestas constructivas plantea el autor para abordar la problemática de la vivienda en Jalisco?

La propuesta de aplicar tasas progresivas a las segundas viviendas, establecer gravámenes diferenciados en zonas en riesgo de gentrificación y gravar las herencias inmobiliarias de alto valor, buscando así un sistema fiscal más justo y redistributivo que priorice el derecho a la vivienda sobre la especulación financiera.