Análisis de Columna de Opinión ¡Aguas con la reforma al agua! en El Universal

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Este texto, escrito por Irene Levy el 13 de Octubre de 2025, analiza el proyecto de nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El análisis se centra en las implicaciones de la prohibición de transferir concesiones de agua entre particulares, incluso en la venta de terrenos o empresas.

Un dato importante es que la iniciativa busca devolver al Estado la rectoría plena sobre el uso y distribución del agua, pero la prohibición de transferir concesiones podría tener efectos negativos en la economía.

📝 Puntos clave

El proyecto de nueva Ley General de Aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales fueron presentados en Octubre de 2025.
La iniciativa busca garantizar el acceso al agua como derecho humano y fortalecer la planeación pública.
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Se prohíbe la transmisión de concesiones de agua entre particulares, incluso en la venta de terrenos o empresas.
La única excepción es para ejidatarios y comuneros.
La iniciativa redefine el agua como bien público intransferible, desvinculándola de la propiedad privada de la tierra.
Esto podría desvalorizar predios, dificultar la venta de negocios, generar litigios y concentrar el control en la Autoridad del Agua.
Se advierte sobre posibles violaciones al T-MEC.
La autora sugiere permitir la transmisión de la concesión en caso de venta integral del negocio.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal problema que plantea la iniciativa según la autora?

La prohibición absoluta de transmitir concesiones de agua entre particulares, incluso en la venta de terrenos o empresas, podría generar una importante pérdida de valor, restricción al comercio y parálisis del otorgamiento de créditos, afectando negativamente a sectores como el agrícola, minero y energético. Además, podría considerarse una expropiación indirecta sin compensación, violando el T-MEC.

¿Cuál es el aspecto positivo que destaca la autora sobre la iniciativa?

El proyecto marca un importante giro hacia la soberanía y equidad en el uso del agua, fortaleciendo el control estatal y la visión de sustentabilidad.