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El texto analiza la inclusión del Internet como área estratégica del Estado en la reforma constitucional mexicana del 11 de Octubre del 2024.

Resumen

• La reforma constitucional incluyó al Internet, junto con el litio y las empresas productivas de energía, como áreas estratégicas del Estado.
• Canieti, la organización que agrupa a las empresas de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información, solicitó que se aclarara que el concepto de área estratégica se refería únicamente al servicio de acceso a Internet gratuito en sitios públicos.
• Canieti advirtió que la falta de claridad en la reforma podría crear condiciones de ventaja artificial para el Estado, en detrimento de la competencia.

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• La organización empresarial señaló que la participación del Estado en el mercado es legítima, pero debe ser en un marco que promueva la competencia y sea claro en cuanto al servicio que se considera como actividad estratégica.
• Canieti destacó la importancia de la neutralidad competitiva y de no otorgar ventajas artificiales a un proveedor estatal en detrimento de la competencia privada.
• ICC México también se pronunció sobre la modificación de los artículos de la Constitución que incluyen a Internet como un área estratégica del Estado.
• Ernesto Piedras, director general de The CIU, comentó que la reforma no tiene el propósito de amenazar a los privados que ya participan en el mercado, sino para dotar al Estado con la capacidad plena para prestar el servicio.
• CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ya ofrece servicios al usuario, y la reforma está allanando el camino para "formalizar" su participación en el mercado de provisión de internet.

Conclusión

La falta de claridad en la redacción de la reforma constitucional sobre la inclusión del Internet como área estratégica del Estado genera preocupación entre las organizaciones empresariales. La falta de precisión podría prestarse a decisiones discrecionales y afectar la competencia en el mercado. Se espera que se aclare la redacción de la reforma para garantizar la neutralidad competitiva y evitar un monopolio de facto.