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El texto de Rubén Alonso, escrito el 27 de Enero de 2025, argumenta en contra de la realización de una elección extraordinaria para elegir personas juzgadoras locales en Jalisco durante 2025. El autor considera que la falta de tiempo y las condiciones inadecuadas hacen inviable un proceso electoral de tal magnitud.

El autor propone que Jalisco realice la elección extraordinaria en 2027, permitiendo una reforma integral al sistema de justicia.

Resumen

• La falta de tiempo y planificación adecuada para una elección extraordinaria de personas juzgadoras locales en Jalisco en 2025. La armonización de los marcos jurídicos locales con la legislación federal se ha retrasado considerablemente.
• La falta de claridad en el Legislativo de Jalisco sobre los tiempos y procesos electorales, tanto a nivel federal como estatal, se evidencia en las propuestas presentadas. Se considera que la fecha límite de marzo para la armonización de leyes es insuficiente para una elección en junio.
• La complejidad del sistema electoral mexicano, con la interacción entre el INE y los organismos electorales locales como el IEPC, aumenta las dificultades para una elección extraordinaria en Jalisco. El autor advierte del riesgo de un "desastre mayúsculo" si Jalisco se suma al proceso electoral extraordinario a última hora.

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• Jalisco no está constitucionalmente obligado a realizar la elección extraordinaria en 2025. Posponerla para 2027 permitiría una reforma integral al sistema de justicia y un proceso de designación de personas juzgadoras más robusto y transparente.
• El autor aboga por la responsabilidad y la prudencia, instando a una planificación a largo plazo en lugar de apresurar un proceso electoral complejo e incierto.

Conclusión

• La realización de una elección extraordinaria para personas juzgadoras locales en Jalisco en 2025 es inviable debido a la falta de tiempo y planificación.
• Posponer la elección para 2027 permitiría una reforma integral al sistema de justicia y un proceso de selección más transparente y confiable.
• La prudencia y la responsabilidad política deben guiar las decisiones en este asunto, priorizando la calidad del proceso sobre la premura.