La doble nacionalización de la industria eléctrica

Este texto, escrito por Lenia Batres el 28 de septiembre de 2025, analiza la evolución de la industria eléctrica en México, desde sus inicios en el Porfiriato hasta la reforma constitucional de 2025. Se centra en el papel del Estado, la participación privada y el impacto en la cobertura y las tarifas para la población.

La reforma constitucional del 19 de marzo de 2025 devuelve el control nacional a la industria eléctrica, estableciendo una participación mínima del 54% para la CFE.

📝 Puntos clave

• En 1960, Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, reservando al Estado la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica.
• Antes de la nacionalización, la industria se concentraba en zonas urbanas y grandes consumidores, dejando al 56% de la población sin acceso a la electricidad.

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• La CFE se creó en 1937 para permitir al Estado participar en la generación y distribución de energía eléctrica.
• En 1975, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica confirmó la electricidad como actividad estatal prioritaria.
• En 1992 y 2013, se realizaron reformas para permitir la participación privada en la generación y comercialización, lo que según el texto, resultó en incrementos tarifarios y convenios desventajosos para la CFE.
• La reforma de 2025 busca revertir esta situación, devolviendo el control a la CFE y garantizando tarifas accesibles y la soberanía energética.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas de la reforma de 2025, considerando la experiencia histórica de la industria eléctrica en México?

La reforma podría generar ineficiencias, falta de inversión en nuevas tecnologías y una menor competencia, lo que podría traducirse en un servicio de menor calidad y tarifas más altas a largo plazo. Además, podría desincentivar la inversión privada en el sector, limitando el crecimiento y la innovación.

¿Cuáles son los beneficios potenciales de la reforma de 2025, según la perspectiva de la autora?

La reforma podría garantizar tarifas más accesibles para la población, fortalecer la soberanía energética del país y asegurar una mayor cobertura del servicio eléctrico, especialmente en zonas rurales y marginadas. Además, podría permitir una mayor planificación y control estatal sobre la industria, priorizando el interés social sobre el lucro privado.