Reformas a la Ley de Amparo: el interés legítimo

El texto escrito por Antonio Cuellar el 23 de Septiembre de 2025 analiza la evolución del juicio de amparo en México, especialmente a partir de la reforma constitucional de 2011, y la reciente iniciativa para reformar la Ley de Amparo presentada por la Presidencia de la República al Congreso. Se centra en el debate sobre el interés legítimo y su impacto en el equilibrio entre los poderes.

Un dato importante es la propuesta de revertir la ampliación del interés legítimo de 2011 y diseñar un procedimiento jurisdiccional distinto para la defensa de derechos difusos.

📝 Puntos clave

• El amparo busca equilibrar la protección de los ciudadanos frente al poder público y evitar la supremacía del Poder Judicial.
• La reforma de 2011 amplió la legitimación activa en el amparo, introduciendo la figura del interés legítimo.

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• Esta ampliación permitió la intervención de ONGs y asociaciones civiles, pero también generó tensiones y posibles abusos.
• La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo busca acotar el alcance del interés legítimo, exigiendo una lesión jurídica real y diferenciada.
• Existe un debate sobre si la reforma de 2011 fue un avance o un retroceso para el amparo.
• Se propone un procedimiento jurisdiccional distinto para la defensa de derechos difusos, similar a la controversia constitucional.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos se identifican en el texto sobre la evolución del amparo?

La ampliación del interés legítimo, si bien buscaba democratizar el acceso al amparo, generó tensiones entre los poderes, abrió la puerta a posibles abusos y desvirtuó la función original del juicio de amparo. La confrontación entre los Poderes de la Unión se incrementó.

¿Qué aspectos positivos se rescatan del análisis sobre el amparo?

El amparo sigue siendo una herramienta fundamental para la protección de los ciudadanos frente a los abusos del poder público. La discusión sobre su evolución y las posibles reformas buscan perfeccionar su funcionamiento y garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos y el respeto a las facultades de los otros poderes.