Fiscalización en la Reforma Judicial: ¿Quién vigila al poder que juzga?

El texto de Eliseo Rosales Ávalos, fechado el 22 de Septiembre de 2025, analiza un aspecto crucial pero poco discutido de la reforma judicial mexicana de 2024: la fiscalización. El autor argumenta que la efectividad de la reforma depende en gran medida de cómo se implemente y se lleve a cabo la fiscalización del poder judicial.

La fiscalización es clave para el éxito de la reforma judicial de 2024.

📝 Puntos clave

• La reforma judicial de 2024 en México ha reconfigurado el poder, pero la fiscalización es un factor determinante para su éxito.
• La elección popular de jueces, la autonomía judicial y la eficiencia procesal son temas debatidos, pero la fiscalización ha sido subestimada.

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• La Contraloría del Poder Judicial de la Federación es responsable del control, vigilancia y evaluación del cumplimiento de normas administrativas, presupuestales y patrimoniales.
• Existen retos en la coordinación e independencia entre el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
• Se requiere voluntad política para que la fiscalización sea una herramienta efectiva de control y desarrollo judicial.
• El impacto de la reforma se medirá por la efectividad de la fiscalización para prevenir abusos, corregir desvíos y fortalecer la confianza pública.
• La fiscalización es esencial para cuidar el Estado de Derecho, especialmente en tiempos de reformas profundas.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo o aspecto negativo que se identifica en el texto con respecto a la fiscalización de la reforma judicial?

La falta de coordinación e independencia entre el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como la posibilidad de que la fiscalización se convierta en un mero "ritual administrativo" sin impacto real en la prevención de abusos y la corrección de desvíos.

¿Cuál es el aspecto más positivo o la oportunidad que se destaca en el texto con respecto a la fiscalización de la reforma judicial?

La oportunidad de que la fiscalización se convierta en una herramienta "viva" de control y desarrollo judicial, fortaleciendo la confianza pública y cuidando el Estado de Derecho si se implementa con voluntad política y efectividad.