¿Exclusiones en la ATD?

El siguiente resumen se basa en el texto escrito por Alberto Aguirre el 11 de Julio de 2025, que trata sobre la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y las consecuencias laborales para sus empleados, así como una aclaración por parte de Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, sobre acusaciones de fraude mencionadas en el mismo texto.

Un dato importante es la situación laboral de los empleados del IFT tras su extinción, especialmente aquellos con nombramiento de libre designación.

📝 Puntos clave

• El IFT, con 1,244 trabajadores, tenía la nómina más grande entre los órganos autónomos.
• La reforma constitucional que extinguió el IFT debía respetar los derechos laborales, pero los empleados del Inai y Mejoraedu protestaron por sus pagos de marcha.

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• La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecía un plazo para cubrir finiquitos y liquidaciones del IFT.
• Una reserva del senador Javier Corral limitó las indemnizaciones a empleados con "estabilidad laboral".
• El comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mojica, informó que 250 trabajadores de libre designación (casi el 20% de la plantilla) no recibirían indemnización.
• Estos empleados, con antigüedad mayor a cinco años, habían ingresado al IFT tras evaluaciones y no pertenecían a sindicatos.
• Se argumenta que estos empleados desempeñaban funciones estratégicas y sensibles para el IFT.
• La Agencia para la Transformación Digital (ATD) está reclutando personal, pero descarta a exempleados del IFT.
• José Antonio Peña Merino y su equipo están adscritos a Promtel, un organismo de la SICT.
• Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, niega las acusaciones de fraude sistémico mencionadas en el texto de Alberto Aguirre.
• Finsus afirma ser una Sofipo digital regulada por la CNBV y con estrictos controles de seguridad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspecto negativo se destaca en el texto en relación con los empleados del IFT?

La situación laboral de los empleados de libre designación del IFT es el aspecto más negativo. A pesar de tener antigüedad y haber ingresado por méritos, no recibirán indemnización tras la extinción del instituto, dejándolos en una situación vulnerable.

¿Qué aspecto positivo se menciona en el texto, aunque sea de forma teórica?

La reforma constitucional y la legislación secundaria debían proteger los derechos laborales de los empleados de las instituciones extintas. Aunque en la práctica esto no se cumplió para todos, la intención inicial era garantizar la estabilidad laboral y las indemnizaciones correspondientes.