Premiar a delincuentes

El texto de Federico Rubli Kaiser, fechado el 24 de Junio de 2025, analiza críticamente un programa anunciado por el Director General del INFONAVIT que busca legalizar la ocupación ilegal de viviendas pertenecientes al instituto. El autor cuestiona la legalidad y las motivaciones políticas detrás de esta iniciativa, así como sus posibles consecuencias para la propiedad privada y el estado de derecho en México.

Un dato importante es que el INFONAVIT identifica 145,000 viviendas habitadas ilegalmente de un total de 843,000 viviendas problemáticas.

📝 Puntos clave

• El Director General del INFONAVIT propone legalizar la ocupación ilegal de viviendas del instituto.
• Rubli Kaiser critica la medida, considerándola un premio a la delincuencia y un atentado contra la propiedad privada.

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• Se teme que el crimen organizado se aproveche del programa para adueñarse de viviendas a precios subsidiados.
• La Secretaria de Gobernación intentó matizar la propuesta, pero generó incertidumbre jurídica.
• Organismos del sector privado como COPARMEX, COMCE, AMIB y CONCAMIN se oponen a la medida.
• El CCE no se unió a la oposición, mostrando una actitud servil hacia el gobierno.
• La iniciativa genera incertidumbre y desconfianza en el contexto del nuevo Poder Judicial.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La propuesta de legalizar la ocupación ilegal de viviendas del INFONAVIT representa una grave violación al derecho a la propiedad privada, fomenta la impunidad y genera incertidumbre jurídica, lo que podría tener consecuencias negativas para la inversión y el estado de derecho en México. La falta de una postura firme por parte del CCE, siendo miembro de la Junta de Gobierno del INFONAVIT, es particularmente preocupante.

¿Qué aspecto positivo se puede rescatar del texto?

La reacción de varios organismos del sector privado, como COPARMEX, COMCE, AMIB y CONCAMIN, al oponerse públicamente a la propuesta del INFONAVIT, demuestra la importancia de la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos y la legalidad. Esta postura firme puede servir como contrapeso a las acciones del gobierno y contribuir a generar un debate público sobre las implicaciones de la medida.