Viviendas chocolate
David Paramo
Excélsior
Infonavit🏠, Invasión 🚧, Legalización ✅, SAT 💰, Crítica 👎
David Paramo
Excélsior
Infonavit🏠, Invasión 🚧, Legalización ✅, SAT 💰, Crítica 👎
Publicidad
El texto de David Páramo, fechado el 17 de junio de 2025, analiza críticamente el anuncio de Octavio Romero, director del Infonavit, sobre la regularización de viviendas invadidas. El autor expone los riesgos y posibles consecuencias negativas de esta medida, cuestionando su legalidad y su impacto en el mercado inmobiliario.
Un dato importante es la crítica a la legalización de lo ilegal que implica el programa del Infonavit.
📝 Puntos clave
Publicidad
Lo malo y lo bueno 👎👍
La principal crítica es que el programa del Infonavit legaliza un acto ilegal, incentivando la invasión de propiedades y abriendo la puerta a que grupos delictivos se aprovechen de la situación. Además, se cuestiona la falta de participación de los trabajadores y patrones en las decisiones del Infonavit.
Se destaca el buen desempeño del SAT bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino en la recaudación fiscal, gracias al uso de la tecnología, la cercanía con los contribuyentes y un programa de auditorías eficientes.
 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
Columna Actual
Columnas Similares
El caso Javier Tapia Santoyo en el IPN ha escalado a la arena penal y política, con acusaciones de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La inversión total en México ronda el 22.5 por ciento del PIB, una cifra engañosa que oculta la necesidad de mejorar la calidad y las condiciones de la inversión.
La decisión de la Suprema Corte es calificada como un "magnicidio constitucional" que transforma al Poder Judicial en una "trituradora de derechos".
El caso Javier Tapia Santoyo en el IPN ha escalado a la arena penal y política, con acusaciones de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La inversión total en México ronda el 22.5 por ciento del PIB, una cifra engañosa que oculta la necesidad de mejorar la calidad y las condiciones de la inversión.
La decisión de la Suprema Corte es calificada como un "magnicidio constitucional" que transforma al Poder Judicial en una "trituradora de derechos".