¿Uso comercial para cobertura social?

El texto de Clara Luz Álvarez, publicado en Reforma el 14 de mayo de 2025, analiza el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que se discute en el Senado. La autora destaca varios puntos críticos que podrían vulnerar la Constitución y afectar la competencia en el mercado, a pesar de reconocer las buenas intenciones del proyecto de ampliar el acceso a las telecomunicaciones e Internet.

El proyecto de ley propone otorgar concesiones de frecuencias al gobierno para uso comercial, sin licitación ni contraprestación, lo cual podría generar una competencia desleal.

📝 Puntos clave

• El proyecto de ley busca eliminar la definición de neutralidad a la competencia y sus salvaguardas.
• Se propone otorgar concesiones de frecuencias al gobierno para uso comercial de manera directa y sin costo.

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• El gobierno solo estaría sujeto a las obligaciones establecidas en las concesiones y las disposiciones de la ATDT.
• La autora argumenta que otorgar concesiones comerciales al gobierno sin licitación ni contraprestación genera competencia desleal.
• Se destaca la importancia de la participación de los sectores público, privado y social para lograr la cobertura total del país.

❓ Conclusiones FAQ

¿Es constitucional la propuesta de otorgar concesiones comerciales al gobierno sin licitación?

No, según la autora, la Constitución establece que las concesiones de frecuencias para uso comercial deben otorgarse mediante licitación pública, mientras que las de uso público y social pueden ser asignadas directamente.

¿Cómo afecta la propuesta a la competencia en el mercado de telecomunicaciones?

La propuesta podría generar una competencia desleal, ya que el gobierno recibiría concesiones sin costo ni licitación, mientras que otros operadores deben participar en licitaciones y pagar contraprestaciones.

¿Cuál es la alternativa propuesta por la autora?

La autora sugiere distinguir entre los ámbitos de mercado y los de cobertura social, otorgando concesiones de uso público de manera directa para fines de cobertura social, lo cual estaría justificado. Además, destaca la necesidad de la participación de los sectores público, privado y social para lograr una cobertura total del país.