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Este texto, escrito por Jorge Romero Herrera, Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), el 14 de mayo de 2025, aborda la postura del partido frente a la reforma de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal en México. El autor critica la iniciativa, argumentando que busca centralizar el control de las telecomunicaciones en el Poder Ejecutivo, lo que considera un retroceso democrático y una amenaza a la libertad de expresión.

El PAN se opone a la reforma de telecomunicaciones propuesta por el gobierno federal, argumentando que atenta contra la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

📝 Puntos clave

• El PAN se opone a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el Ejecutivo.
• El partido busca construir mejores leyes a través de foros y diálogo con la sociedad civil.
• Critica la posible desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de una Agencia Digital controlada por el gobierno.
• Defiende el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones, la libertad de expresión y la pluralidad informativa.
• Propone una reforma que fortalezca el acceso, beneficie a operadores comunitarios e indígenas, y reduzca el costo del espectro.

❓ Conclusiones FAQ

¿Cuál es la principal preocupación del PAN respecto a la reforma de telecomunicaciones?

La principal preocupación es que la reforma concentre el poder en el gobierno, permitiéndole controlar los contenidos, el espectro y las licitaciones, lo que consideran una amenaza a la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

¿Qué propone el PAN como alternativa a la reforma propuesta por el gobierno?

El PAN propone una reforma construida con diálogo, transparencia y visión de Estado, que fortalezca el acceso a las telecomunicaciones, beneficie a operadores comunitarios e indígenas, y reduzca el costo del espectro para los usuarios.

¿Por qué el PAN considera importante la autonomía del IFT?

El PAN considera importante la autonomía del IFT porque garantiza que las decisiones técnicas se tomen con criterios técnicos y autónomos, no políticos, y que las reglas se apliquen a todos por igual, sin favoritismos ni sesgos ideológicos.