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El texto de Miguel González Compeán, escrito el 7 de abril de 2025, reflexiona sobre las implicaciones económicas de las decisiones tomadas por la 4T, específicamente la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las posibles consecuencias de desmantelar otras instituciones como el INAI, el IFT y el Poder Judicial. El autor cuestiona si el gobierno evalúa adecuadamente los costos económicos de sus acciones y si realmente le importan.

La desaparición de la CRE ha dejado en el limbo al menos 775 juicios millonarios de empresas de electricidad e hidrocarburos.

Resumen

• La desaparición de la CRE ha generado incertidumbre en al menos 775 juicios millonarios de empresas de electricidad e hidrocarburos que impugnan sus resoluciones.
• Entre los casos pendientes destaca un amparo promovido en 2022 por la empresa española Iberdrola, para impugnar una multa de 9 mil 145 millones de pesos.
• También se menciona el caso de Stellantis (Chrysler, Fiat y Peugeot) en un amparo contra una resolución de diciembre 2024, que excluye sus plantas de un permiso de autoabastecimiento eléctrico.
• El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y otras organizaciones promovieron un amparo contra un acuerdo de mayo de 2023 que clasifica como "limpia" la energía generada con gas natural.
• Hidroeléctrica Cajón de Peña y otras generadoras privadas litigan amparos contra un acuerdo de abril de 2024 que permite a empresas dejar el abasto privado para contratar con CFE.
• Esentia Energy, a su vez impugnó una resolución de marzo de 2024 que fija condiciones para el servicio en la red privada de ductos de gas natural más grande del País (2 mil 17 km).
• El autor expresa preocupación por los costos que implicaría la desaparición del INAI, el IFT y, especialmente, del Poder Judicial, anticipando un impacto significativo en juicios de diversa índole.

Conclusión

• El autor se cuestiona sobre los costos económicos de las decisiones de la 4T.
• La desaparición de instituciones como la CRE genera incertidumbre jurídica y posibles pérdidas económicas.
• El desmantelamiento del Poder Judicial podría tener consecuencias graves en la resolución de conflictos y la impartición de justicia.