Cambio de modelo de transparencia y privacidad

El texto de Marina San Martín Rebolloso, publicado el 3 de febrero de 2025, analiza las implicaciones de la reforma constitucional de 2024 que extingue al INAI y redefine el sistema de transparencia y privacidad en México. Se centra en la redistribución de las funciones del INAI y las potenciales consecuencias de este cambio.

El 80% de las funciones del INAI serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Resumen:

• La reforma constitucional de 2024 elimina el INAI, redistribuyendo sus funciones entre diversos organismos.
• La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá el 80% de las funciones del INAI, incluyendo el manejo de datos personales de particulares.

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• Este modelo es similar al de 2002, pero con una mayor centralización de poder en un solo titular, a diferencia del sistema colegiado del IFAI.
• Se propone modificar la integración del Sistema Nacional de Transparencia para incluir nuevos actores y crear subsistemas espejo en los estados, lo que podría generar una coordinación compleja.
• Las leyes secundarias definirán la funcionalidad del nuevo sistema, siendo crucial establecer procedimientos y medios de defensa accesibles y eficientes.
• La regulación de datos en el sector privado debería ser manejada por instancias de competencia económica, considerando su lógica distinta a la del sector público y los tratados internacionales.

Conclusión:

• La reforma presenta desafíos significativos en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales.
• La centralización del poder en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno genera preocupaciones sobre la independencia y eficacia del nuevo sistema.
• La complejidad de la coordinación entre los diferentes organismos implica riesgos para la eficiencia y la transparencia.
• Es fundamental que las leyes secundarias establezcan mecanismos de defensa accesibles y eficientes para los ciudadanos.
• La supervisión de datos en el sector privado requiere un enfoque diferenciado, considerando las instancias de competencia económica y los tratados internacionales.