Preguntas sobre por qué la CDMX quiere joder a 75 mil vecinos

Este texto de Salvador Camarena, publicado el 20 de febrero de 2025, analiza una nueva medida implementada por el gobierno de la Ciudad de México bajo la administración de Clara Brugada, que exige a propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a 4,554,974.39 pesos declarar el uso de sus propiedades. El autor cuestiona la verdadera intención detrás de esta medida, planteando la posibilidad de que se trate de una acción recaudatoria disfrazada o una medida intimidatoria.

La medida impuesta por el gobierno de la Ciudad de México podría frenar el sector inmobiliario y afectar la construcción de nuevas viviendas.

Resumen

• La Gaceta de la Ciudad de México publicó el 27 de diciembre de 2024 un nuevo requerimiento para propietarios de 75,000 propiedades con valor catastral superior a 4,554,974.39 pesos.
• Este requerimiento obliga a los propietarios a declarar el uso de sus inmuebles, incluyendo información sobre quiénes los ocupan.

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• Aunque la autoridad afirma que responder no es obligatorio, el llenado del formulario con datos personales y de la propiedad sí lo es.
• Camarena cuestiona la justificación oficial de la medida, argumentando que se basa en datos desactualizados y que podría tener fines recaudatorios o intimidatorios.
• Se plantea una posible contradicción entre la necesidad de actualizar los registros catastrales y la falta de información sobre el uso de suelo de los inmuebles.
• El autor menciona la posibilidad de que la medida desaliente las inversiones inmobiliarias y aumente la migración hacia el Estado de México.
• Se compara la situación con el "frenón inmobiliario" provocado por Claudia Sheinbaum en 2019.
• Se critica la falta de transparencia y la posible utilización de la información obtenida para fines distintos a los declarados.
• Se hace referencia a la opinión de Salomón Chertorivski sobre la necesidad de abordar el problema de la vivienda.

Conclusión

• La medida implementada por el gobierno de Clara Brugada genera dudas sobre sus verdaderas intenciones y posibles consecuencias negativas.
• El autor cuestiona la eficacia y la ética de la medida, sugiriendo que podría ser contraproducente para el sector inmobiliario y la construcción de vivienda.
• Se plantea la necesidad de un debate más amplio y transparente sobre la política de vivienda en la Ciudad de México.
• Se critica la falta de inversión en infraestructura y servicios públicos a pesar del cobro de impuestos.