Justicia a la carta

Este texto de Melissa Ayala, escrito el 16 de febrero de 2025, analiza una decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México que expone una crisis en la implementación de la reforma judicial y el respeto al Estado de Derecho. El artículo destaca la problemática de la obediencia selectiva a las resoluciones judiciales y la manipulación de la justicia.

La resolución de la Corte determinó que las sentencias de la Sala Superior que permitían desacatar órdenes de suspensión son meras opiniones, ordenando a los jueces de distrito revisar sus autos de suspensión en 24 horas.

Resumen:

• El Pleno de la Suprema Corte resolvió un caso donde una Sala Superior desobedeció suspensiones en juicios de amparo, y jueces de distrito emitieron suspensiones fuera de su competencia.
• La Corte rechazó los intentos de la Sala Superior de impedir la participación de los ministros Norma Piña, Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek y Pardo Rebolledo, argumentando falta de legitimación y que el caso no versaba sobre la reforma judicial, sino sobre un conflicto de competencias.

• Publicidad
• La decisión de la Corte declaró que las sentencias de la Sala Superior que permitían el desacato a las suspensiones son meras opiniones.
• Se ordenó a los jueces de distrito que revisen sus autos de suspensión en 24 horas.
• El artículo destaca la problemática de la implementación de la reforma al Poder Judicial en México, incluyendo la falta de evaluación de idoneidad de nombramientos en el Senado y la remisión de responsabilidades al INE.
• Se critica la discrecionalidad en la aplicación de la justicia, donde autoridades deciden qué resoluciones acatar y cuáles ignorar, lo que genera incertidumbre y vulnera los derechos de la ciudadanía.

Conclusión:

• La situación descrita representa una grave crisis en el Estado de Derecho en México.
• La resolución de la Corte es un paso para restablecer límites, pero se necesita un esfuerzo mayor para evitar la erosión del sistema de justicia.
• La ley no es opcional ni negociable, y su integridad es fundamental para prevenir el abuso del poder.
• La ciudadanía es la más afectada por la falta de respeto al Estado de Derecho.