Este texto, escrito por Gabriel Torres Espinoza el 9 de Diciembre de 2024 en Jalisco, analiza el impacto devastador de la violencia y el crimen organizado en México, particularmente en su efecto en la economía y la sociedad. Se basa en datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para ilustrar la magnitud del problema.
Resumen:
Jalisco se presenta como un ejemplo de la alta incidencia de desapariciones en México.
Entre el 20% y el 50% de los hogares mexicanos perciben al crimen organizado como la principal amenaza a su seguridad, según el BID.
Los costos directos del crimen en México son similares al promedio regional (3.44% del PIB en 2022), pero los costos indirectos (pérdida de inversión, migración, ruptura del tejido social) son mucho más difíciles de cuantificar.
Las empresas, especialmente las PYMES, destinan una parte significativa de sus ingresos a seguridad privada, limitando su crecimiento e inversión.
La confianza en la policía mexicana es baja (51%), reflejando una grave crisis institucional.
La inseguridad impulsa la migración interna y externa, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado. La violencia puede incluso dificultar la salida de estas regiones, creando un círculo vicioso.
La productividad empresarial se ve reducida entre un 10% y un 35% en zonas inseguras, afectando el crecimiento económico, la inversión extranjera y la creación de empleo.
La violencia no solo causa muertes, sino que también genera un costo económico significativo que obstaculiza el desarrollo sostenible y aumenta las desigualdades.
Conclusión:
La violencia y el crimen organizado representan una seria amenaza para la estabilidad de México.
Los efectos de la inseguridad son multifacéticos y de gran alcance, impactando la economía, la sociedad y las instituciones.
Se necesita una acción integral para abordar este problema, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones, la inversión en seguridad pública y el apoyo a las empresas y comunidades afectadas.
Los datos del BID resaltan la urgencia de implementar políticas públicas efectivas para mitigar los efectos devastadores del crimen organizado.
