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Este texto, escrito por Gabriel Torres Espinoza el 9 de Diciembre de 2024 en Jalisco, analiza el impacto devastador de la violencia y el crimen organizado en México, particularmente en su efecto en la economía y la sociedad. Se basa en datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para ilustrar la magnitud del problema.

Resumen:

• Jalisco se presenta como un ejemplo de la alta incidencia de desapariciones en México.
• Entre el 20% y el 50% de los hogares mexicanos perciben al crimen organizado como la principal amenaza a su seguridad, según el BID.
• Los costos directos del crimen en México son similares al promedio regional (3.44% del PIB en 2022), pero los costos indirectos (pérdida de inversión, migración, ruptura del tejido social) son mucho más difíciles de cuantificar.

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• Las empresas, especialmente las PYMES, destinan una parte significativa de sus ingresos a seguridad privada, limitando su crecimiento e inversión.
• La confianza en la policía mexicana es baja (51%), reflejando una grave crisis institucional.
• La inseguridad impulsa la migración interna y externa, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado. La violencia puede incluso dificultar la salida de estas regiones, creando un círculo vicioso.
• La productividad empresarial se ve reducida entre un 10% y un 35% en zonas inseguras, afectando el crecimiento económico, la inversión extranjera y la creación de empleo.
• La violencia no solo causa muertes, sino que también genera un costo económico significativo que obstaculiza el desarrollo sostenible y aumenta las desigualdades.

Conclusión:

• La violencia y el crimen organizado representan una seria amenaza para la estabilidad de México.
• Los efectos de la inseguridad son multifacéticos y de gran alcance, impactando la economía, la sociedad y las instituciones.
• Se necesita una acción integral para abordar este problema, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones, la inversión en seguridad pública y el apoyo a las empresas y comunidades afectadas.
• Los datos del BID resaltan la urgencia de implementar políticas públicas efectivas para mitigar los efectos devastadores del crimen organizado.