Este texto de Carlos Marín, escrito el 9 de diciembre de 2024, analiza la problemática en torno a la elección de jueces, magistrados y ministros en México, destacando la incompetencia del Poder Legislativo y la presión ejercida sobre el Instituto Nacional Electoral (INE). El autor critica la falta de transparencia y la imposición de medidas de austeridad que comprometen la integridad del proceso electoral.
Resumen:
El Poder Legislativo publicó una lista preliminar con errores y duplicidades de aproximadamente 10,000 aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Francisco Burgoa, constitucionalista de la UNAM, denunció la incompetencia del comité de evaluación.
La consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, argumentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la necesidad de 13,205 millones de pesos para la elección de juzgadores, enfrentando la resistencia del oficialismo de Morena.
La consejera Rita Bell López Vences desafió las exigencias de austeridad del oficialismo, señalando que la elección no es posible con menos recursos.
La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) insistió en la austeridad, a pesar de las explicaciones de Norma Irene de la Cruz Magaña sobre la necesidad de instalar más de 172,000 casillas y contratar a más de 50,000 supervisores y capacitadores.
El autor critica el nacionalpopulismo en el gobierno, que busca desprestigiar al INE y afectar su autonomía, culpándolo por los problemas en la elección de jueces, magistrados y ministros. Se menciona la intención de AMLO de absorber al INE.
Conclusión:
El proceso de selección de jueces, magistrados y ministros está plagado de irregularidades e incompetencia por parte del Poder Legislativo.
La presión del oficialismo de Morena sobre el INE, imponiendo medidas de austeridad, compromete la transparencia y la legitimidad del proceso.
La falta de recursos podría afectar gravemente la organización y la realización de las elecciones, poniendo en riesgo la credibilidad del sistema judicial mexicano.
El autor vislumbra un escenario donde el INE será culpado por las fallas del proceso, mientras el gobierno continúa su estrategia de debilitamiento de las instituciones autónomas.
