Este texto de Salvador Kalifa, publicado el 5 de diciembre de 2024 en Reforma, analiza la problemática de la creciente criminalidad en México y su impacto económico, criticando las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Morena. El autor argumenta que la ineficacia del Estado en la protección de la ciudadanía ha generado un ambiente propicio para la proliferación del crimen, convirtiéndolo en una actividad lucrativa.
Resumen:
La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a México por la actividad de los carteles de la droga obligará al gobierno mexicano a endurecer su estrategia, aunque el problema es mucho más amplio que los carteles.
La política de "abrazos, no balazos" de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su continuidad bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum (CS) ha resultado en un aumento significativo de homicidios.
El autor critica la ineficacia del Estado mexicano en la protección de la ciudadanía y su participación en actividades económicas secundarias que resultan deficitarias.
Kalifa argumenta que la economía del crimen funciona bajo el principio de costo-beneficio, donde la baja probabilidad de captura y castigo hace que el crimen sea atractivo.
Se propone que CS debe abandonar la estrategia actual y aumentar los costos del crimen mediante la profesionalización de las fuerzas de seguridad, la mejora de la procuración de justicia y la implementación de leyes con penas más severas.
Sin embargo, el autor duda de la efectividad de estas medidas debido a la reforma judicial impulsada por la 4T, que considera que debilitará el sistema de justicia y lo hará susceptible a la influencia del crimen organizado.
Conclusión:
La escalada de la criminalidad en México no se detendrá sin un cambio radical en las políticas de seguridad.
La estrategia actual, basada en la atención a las "causas" del crimen, ha demostrado ser ineficaz.
Es necesario aumentar los costos del crimen mediante la aplicación de la ley y la mejora del sistema de justicia.
La reforma judicial impulsada por la 4T podría exacerbar el problema, debilitando aún más el sistema de justicia.
El futuro de la seguridad en México parece incierto bajo el actual gobierno.
