Este texto de Salvador García Soto, del 4 de diciembre de 2024, analiza la situación crítica en Sinaloa debido a la guerra entre las facciones del Cártel Sinaloense, "Los Mayitos" y "Los Chapitos", y la ineficacia de las autoridades federales y estatales para controlarla. El artículo destaca el alto costo humano y económico del conflicto, así como la desesperación de la población civil.
Resumen:
Más de 551 muertos en tres meses (promedio de 7 asesinatos diarios) a causa de la guerra entre "Los Mayitos" y "Los Chapitos".
Pérdidas económicas estimadas en 18 mil millones de pesos.
25 mil empleos en riesgo.
La violencia ha paralizado la vida económica y social de Culiacán, con negocios operando pocas horas al día y la población confinada en sus hogares por miedo.
Las autoridades estatales y federales, incluyendo al secretario de Seguridad Estatal Gerardo Mérida, al secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch, y al gobernador Rubén Rocha Moya, han ofrecido explicaciones contradictorias e insuficientes sobre los eventos, mostrando incapacidad para controlar la situación. Se mencionan también Ricardo Trevilla, Raymundo Pedro Morales y el general Francisco Jesús Leana Ojeda.
El despliegue de militares (inicialmente 200-300, luego 2,500 y posteriormente 100 soldados de élite) no ha logrado detener los enfrentamientos.
La visita del gabinete de seguridad el 8 de octubre, con Omar García Harfuch, presentó una imagen de "normalidad" que contrasta con la realidad.
García Harfuch reconoció la incapacidad del gobierno para detener la violencia, atribuyéndolo a la complejidad del problema.
El gobernador Rocha Moya minimiza la gravedad de la situación, atribuyendo la exageración de las cifras a una "perspectiva política de la derecha".
La Coparmex de Sinaloa, liderada por Martha Reyes, busca apoyo del gobierno federal para un "Plan Emergente de Recuperación Económica", debido a la grave situación económica de las empresas. Se menciona a Vidal Llerenas, Rogelio Ramírez y Marcelo Ebrard.
Conclusión:
La situación en Sinaloa es crítica, con un alto costo humano y económico.
La respuesta gubernamental ha sido ineficaz e inconsistente.
La población civil vive con miedo e incertidumbre.
Se requiere una acción decisiva y coordinada de las autoridades para controlar la violencia y apoyar la recuperación económica de Sinaloa.
La falta de una respuesta efectiva genera desesperación y pone en riesgo la estabilidad del estado.
