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Este texto de Chelsea Hodgkins, publicado el 31 de diciembre de 2024 en Project Syndicate, analiza las implicaciones de la iniciativa para un estándar minero consolidado (CMSI) impulsada por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y otras empresas mineras. El artículo critica la iniciativa por su falta de rigor y transparencia, argumentando que permite a las empresas mineras autoregularse, poniendo en riesgo los derechos humanos y el medio ambiente.

Resumen

• El gobierno serbio reautorizó un proyecto de extracción de litio de Rio Tinto a pesar de las protestas públicas por los riesgos para el agua y la salud.
• Rio Tinto, Glencore, y BHP tienen un historial de acusaciones por violaciones de derechos humanos y contaminación. El colapso de la represa de Fundão en Brasil es un ejemplo del impacto ambiental negativo de la minería.
• La Unión Europea planea aumentar la extracción interna de minerales, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad de estas iniciativas.
• El ICMM y otros actores de la industria están trabajando en la CMSI, una certificación de responsabilidad en la producción de minerales.
• Evaluaciones de sistemas de certificación similares han demostrado falta de transparencia y rigor, con el ICMM cumpliendo solo el 16% de los criterios en una evaluación.
• La CMSI no protege adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.
• Los requisitos del nivel básico de la CMSI no están en sintonía con el derecho internacional ni con estándares ampliamente aceptados.
• La CMSI podría consolidar el poder de las grandes mineras y permitirles operar con impunidad, ofreciendo falsas garantías a las partes interesadas.

La norma establece tres niveles de desempeño, pero los requisitos del nivel básico (un nivel que las empresas tienen permitido no alcanzar mientras se realiza el proceso de certificación) no están en sintonía con el derecho internacional, la normativa jurídica y estándares ampliamente aceptados como las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional. De modo que las empresas mineras no estarían obligadas a resolver violaciones graves de los derechos humanos, y esto puede generar sanciones para las automotrices que utilicen sus insumos.

Conclusión

• La CMSI, en su forma actual, no garantiza una minería responsable y podría exacerbar los problemas existentes.
• Es necesario establecer normas sólidas y verificables para la industria minera, que prioricen los derechos humanos y la protección ambiental.
• La autoregulación de la industria minera no es suficiente para asegurar la sostenibilidad y la justicia social.
• Se requiere una mayor supervisión y regulación externa para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales.