Este texto de Jesús Carrillo, escrito el 18 de diciembre de 2024, analiza el impacto del nuevo salario mínimo en México para el año 2025, considerando las implicaciones para el empleo, la inflación y las empresas de diferentes tamaños y sectores. Se centra en la propuesta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y sus proyecciones.
Resumen:
El aumento del salario mínimo para 2025 será del 12%, alcanzando 419.88 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y 278.80 pesos en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG).
Este incremento es menor que en años anteriores, sugiriendo una reducción en el espacio para aumentos futuros y la necesidad de una mayor cautela.
La Conasami reconoce la necesidad de vigilar de cerca los efectos del salario mínimo en los precios y el empleo.
La meta de la presidenta Sheinbaum es que el salario mínimo cubra 2.5 veces la canasta alimentaria, objetivo ya alcanzado en la ZLFN y próximo a lograrse en la ZSMG.
El aumento del costo laboral para las empresas será de 1.4% en promedio, pero con variaciones significativas según el tamaño de la empresa (6.4% y 3.1% para micro y pequeñas empresas en la ZSMG, respectivamente, y 8.4% y 5.0% en la ZLFN; 0.4% para empresas grandes).
El impacto en los sectores también varía, siendo mayor en la construcción (2.9% y 4.8% en ZSMG y ZLFN, respectivamente) que en la industria de la transformación (0.8% en ambas zonas).
La informalidad, especialmente en el sector de la construcción, representa un desafío importante para evaluar el impacto real del salario mínimo.
Conclusión:
La política de incrementos salariales de los últimos años ha tenido éxito en mejorar los ingresos sin generar grandes desequilibrios en el mercado laboral, a pesar de las limitaciones existentes.
Se requiere una estrategia más precisa para mantener y ampliar los logros obtenidos, considerando especialmente el alto porcentaje de trabajadores en la informalidad.
Es crucial monitorear el impacto del aumento del salario mínimo en las empresas, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en sectores como la construcción, para evitar el cierre de negocios o el aumento de la informalidad.
