Elección judicial sin credibilidad

Este texto de Marco Baños, escrito el 10 de diciembre de 2024, analiza críticamente el proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal en México, señalando graves fallas en su organización y cuestionando su legitimidad. El autor argumenta que las acciones del gobierno de la 4T han socavado la credibilidad del proceso desde su concepción.

Resumen:

• El proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal está plagado de complicaciones debido a un marco regulatorio incompleto e improvisado.
• La falta de planeación, experiencia previa y recursos adecuados por parte del INE (Instituto Nacional Electoral) ha llevado a un proceso caótico.

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• La reforma constitucional y las leyes secundarias se concretaron tardíamente, generando una gran litigiosidad con acciones de inconstitucionalidad, juicios electorales y amparos.
• La presión política del gobierno y de los legisladores morenistas ha dificultado el proceso, negando extensiones de plazos y reduciendo recursos.
• La integración de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo con personas vinculadas al oficialismo compromete la imparcialidad del proceso.
• Se han presentado errores inaceptables en los listados de aspirantes, incluyendo duplicidades y datos ininteligibles, minando la confianza en el proceso.
• La disminución de recursos presupuestales obligará al INE a reducir la infraestructura electoral, comprometiendo la autenticidad e integridad de la elección.
• El gobierno y los legisladores de la mayoría parlamentaria, al mismo tiempo que promueven la legitimidad del proceso, lo están saboteando con sus acciones.

Conclusión:

• El proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal carece de legitimidad debido a las acciones del gobierno y la falta de recursos y planeación adecuada.
• La responsabilidad del fracaso del proceso será atribuida al INE, a pesar de las dificultades impuestas por el gobierno.
• La falta de transparencia y los errores cometidos en el proceso erosionan la confianza pública en el sistema judicial mexicano.