Elección judicial: las personas juzgadoras no deben ser violentadoras de género

El texto de Carla Humphrey, escrito el 10 de diciembre de 2024, analiza la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en México, enfatizando el impacto de la violencia política de género en la consecución de una igualdad sustantiva y el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) en la prevención de esta problemática.

Resumen:

• La lucha por la igualdad de derechos de las mujeres ha sido larga y compleja, a pesar de los avances legislativos impulsados por la sociedad civil.
• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1991 los 16 días de activismo contra la violencia de género, culminando el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos.

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• México ha implementado diversas leyes para combatir la violencia contra las mujeres, incluyendo la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2006, con reformas en 2011, 2014 y 2020) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (2007, con reformas en 2016, 2023 y 2024).
• En 2020, se realizaron reformas a leyes federales para abordar la violencia política de género, incluyendo la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género por parte del INE.
• La "3 de 3 contra la violencia", incorporada en 2023 a la Constitución como "8 de 8 contra la violencia de género", faculta al INE para impedir la candidatura de personas con sentencias firmes por violencia de género o declaradas deudoras alimentarias.
• El INE enfrenta el reto de aplicar estas medidas en las próximas elecciones del Poder Judicial de la Federación, asegurando que las personas aspirantes a cargos judiciales no sean violentadoras de género.
• Se requiere la implementación de procedimientos de verificación rigurosos para impedir el registro de candidatas o candidatos con antecedentes de violencia de género.

Conclusión:

• Las medidas implementadas representan un avance significativo en la lucha contra la violencia política de género en México.
• La participación del INE es crucial para garantizar la inclusión y participación de las mujeres en la esfera pública, libres de violencia.
• Se requiere un presupuesto adecuado y la colaboración de todas las instituciones para asegurar la eficacia de estas medidas.
• El camino hacia la igualdad sustantiva continúa, requiriendo un compromiso constante y la vigilancia ciudadana.