Este texto de Columna Invitada del 8 de Noviembre de 2024 analiza los desafíos y oportunidades que la cuarta revolución industrial presenta para la administración pública en relación con la privacidad de datos. Se argumenta que la digitalización, aunque ofrece eficiencia y transparencia, incrementa la vulnerabilidad de la información personal y requiere una respuesta ética y legal robusta.
Resumen:
La cuarta revolución industrial ha reconfigurado el concepto de privacidad, presentando desafíos para la administración pública en la protección de los derechos fundamentales.
La digitalización, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha mejorado la eficiencia y transparencia de los servicios públicos, pero también ha aumentado la vulnerabilidad de los datos personales.
Tecnologías como el big data, la inteligencia artificial (IA) y el blockchain ofrecen oportunidades para optimizar procesos y personalizar servicios, pero plantean interrogantes sobre la recolección, almacenamiento y uso de datos.
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en México, y otras legislaciones similares, enfrentan el reto de adaptarse al rápido avance tecnológico.
La gobernanza de datos requiere un enfoque ético, transparente y responsable, alineado con los principios de equidad. La opacidad algorítmica puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias.
La interconectividad global exige cooperación internacional para proteger la privacidad en las transferencias transfronterizas de datos y la vigilancia masiva.
La digitalización ofrece oportunidades para fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía a través de una mayor participación y transparencia, siempre que se respete la privacidad.
La IA puede personalizar servicios públicos, pero su diseño debe ser transparente y evitar sesgos discriminatorios.
La administración pública del futuro necesita una actualización constante del marco legal, políticas públicas éticas, educación y concientización sobre privacidad, innovación en tecnologías de privacidad y colaboración internacional.
Conclusión:
El texto concluye que la administración pública debe adoptar un enfoque proactivo y ético para gestionar la privacidad en la era digital. Esto implica no solo cumplir con las leyes de protección de datos, sino también fomentar la innovación, la educación y la colaboración internacional para garantizar que los beneficios de la tecnología se aprovechen sin comprometer los derechos fundamentales de las personas. La ética y la transparencia son cruciales para construir una relación sólida y confiable entre el Estado y la ciudadanía en el contexto de la transformación digital.
