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Este texto de Manuel J. Clouthier, escrito el 8 de noviembre de 2024, analiza el derecho a la información, su importancia en las sociedades democráticas y la situación específica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México. El autor argumenta contra la propuesta de desaparecer el INAI y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

Resumen:

• El derecho a la información, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, es un derecho universal que implica la accesibilidad a la información.
• La comunicación y la información son elementos cruciales para la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas en una sociedad democrática.
• En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, vigente desde 2002, establece el derecho de acceso a la información pública y la obligación de los órganos del Estado de proveerla. Esta ley surgió de iniciativas del PRD, el presidente Vicente Fox y el Grupo Oaxaca.

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• El INAI fue creado para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, no para combatir la corrupción, como erróneamente se ha afirmado.
• La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer el INAI y fusionar sus funciones en la Secretaría de la Función Pública representa una regresión en el derecho a la información, creando un conflicto de interés al convertir a la secretaría en juez y parte.
• El autor considera que la propuesta de Sheinbaum viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos, que exige la ampliación, no la restricción, de estos derechos.

Conclusión:

Manuel J. Clouthier argumenta en contra de la propuesta de eliminar el INAI, destacando la importancia de este órgano autónomo para garantizar el derecho a la información pública en México y alertando sobre las consecuencias negativas de su desaparición para la democracia y la transparencia gubernamental. Considera la propuesta como una regresión en los derechos humanos y un grave error.