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Este texto de Maite Azuela, escrito el 7 de noviembre de 2024, analiza la inminente elección de jueces, magistrados y ministros en México en 2025, tras la aprobación de la Reforma Judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo se centra en los desafíos de transparencia y fiscalización de las campañas electorales en este proceso sin precedentes.

Resumen:

• La Reforma Judicial culminará en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
• El proceso electoral es único y requiere la atención de la sociedad, similar a una elección presidencial.
• Los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial lanzaron las convocatorias, iniciando un proceso similar a las selecciones internas de partidos políticos.
• La campaña electoral tendrá una "lucha de narrativas", pero con restricciones de recursos, según la ley.
• La ciudadanía tiene poca influencia en las listas finales de candidatos debido a la discrecionalidad de los Comités de Evaluación.
• La fiscalización ciudadana se centra en la campaña, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la responsabilidad de vigilar el financiamiento, según la fracción VIII del artículo 504 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
• La ley contempla campañas sin financiamiento público, pero el riesgo de financiamiento ilícito persiste.
• El INE también debe determinar los topes de gastos personales y fiscalizar los ingresos y egresos de los candidatos (fracciones IX y XIV del artículo 504 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
• La fiscalización de las campañas de las personas juzgadoras representa un gran reto para el INE y la ciudadanía, debido a la complejidad de detectar financiamiento ilícito en México.

Conclusión:

El texto de Maite Azuela destaca la importancia de la transparencia y la fiscalización en la inédita elección de jueces, magistrados y ministros en México. La falta de recursos públicos para las campañas, sumada a la problemática del financiamiento ilícito en el país, plantea un desafío significativo para el INE y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso. La autora enfatiza la necesidad de una vigilancia rigurosa para evitar la influencia de recursos públicos o del crimen organizado en la elección.