Este texto de Manuel Sánchez González, escrito el 6 de noviembre de 2024, analiza la reforma constitucional mexicana que declara la inimpugnabilidad de las adiciones y cambios a la Constitución Política de México. El autor argumenta que esta reforma, impulsada por el partido Morena, tiene consecuencias negativas para la democracia y la economía del país.
Resumen:
La reforma declara improcedentes las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales.
La reforma tiene retroactividad, aplicándose a los asuntos en trámite.
Se argumenta que la reforma limita el poder del Poder Judicial como contrapeso a los otros poderes, debilitando el Estado de derecho.
La reforma busca "blindar" la Reforma Judicial (RJ) aprobada en septiembre, ante las suspensiones y acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos.
La reforma permite futuros abusos del partido en el poder, con posibles regresiones en derechos humanos y propiedad privada.
Desde el punto de vista económico, la reforma aumenta la incertidumbre, afectando las decisiones empresariales y familiares.
Se critica la posibilidad de restricciones arbitrarias a la propiedad privada, la libertad de elegir y la competencia, favoreciendo un sistema de "búsqueda de rentas" e ineficiencia económica.
Se concluye que la reforma promueve un "capitalismo de cuates", donde el éxito depende de la cercanía con el gobierno, no de la productividad o la innovación.
El autor llama a la administración a corregir el rumbo para fortalecer el Estado de derecho y la prosperidad económica.
La reforma es referida por sus promotores como de “Supremacía Constitucional”.
Sheinbaum, la presidenta, y los líderes de Morena y sus aliados negaron previamente la facultad del Poder Judicial para resolver sobre la constitucionalidad de la RJ.
Conclusión:
Manuel Sánchez González concluye que la reforma constitucional de inimpugnabilidad representa un grave retroceso para la democracia y la economía de México, debilitando el Estado de derecho y favoreciendo un sistema político y económico ineficiente e injusto. Insta a la administración actual a revertir esta situación para asegurar un futuro de prosperidad y justicia.
