Este texto, escrito por Fernando Gómez Mont el 6 de noviembre de 2024, analiza la situación del Poder Judicial en México y las posibles reformas que se avecinan, considerando un contexto de posibles conflictos entre los poderes del Estado. El autor argumenta en contra de un enfrentamiento entre poderes y a favor de una reforma gradual del Poder Judicial.
Resumen:
Se rechaza la idea de un enfrentamiento entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo como una crisis constitucional inevitable. Se argumenta que el Poder Judicial, al igual que los otros poderes, representa la soberanía popular y no existe una prelación constitucional entre ellos. Solo el Tribunal Constitucional estaría por encima.
La legitimidad del Poder Judicial se basa en la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo en la designación de sus miembros (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura) mediante mayorías calificadas, buscando consenso e independencia.
El Poder Judicial resuelve controversias entre poderes, entre mayorías y minorías parlamentarias, entre niveles de gobierno y casos donde se violan derechos fundamentales. Su independencia, imparcialidad y experiencia son cruciales.
Se analiza positivamente el proyecto del ministro González Alcántara, que propone una reforma profunda del Poder Judicial sin su demolición. Se argumenta que la elección de ministros y magistrados en condiciones ordenadas no implica subordinación, mientras que una demolición irregular viola derechos y arriesga la institucionalidad republicana.
El proyecto también propone un órgano de disciplina para combatir la corrupción judicial, diferenciando la corrupción de la independencia de criterio. Se enfatiza la necesidad de evitar que este órgano se convierta en un instrumento de represión política.
Se concluye que el proyecto de reforma, si bien permite una transformación radical de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el órgano de sanción de la corrupción, evita la demolición total del Poder Judicial, previniendo el caos y el fortalecimiento de actores autoritarios o corruptos.
Conclusión:
Fernando Gómez Mont defiende una reforma gradual y ordenada del Poder Judicial mexicano, rechazando la idea de una confrontación entre poderes y abogando por la preservación del Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Considera que el proyecto del ministro González Alcántara ofrece una vía viable para lograr una transformación profunda sin poner en riesgo la institucionalidad del país.
