INE: colegialidad o presidencialismo

Este texto, escrito por Jaime Rivera Velázquez, Consejero del INE, el 3 de Noviembre de 2024, analiza las modificaciones recientes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), específicamente a los artículos 45 y 48, introducidas en el Senado. El autor argumenta que estas modificaciones debilitan la independencia e imparcialidad del INE.

Resumen:

• Se modificaron los artículos 45 y 48 de la LGIPE, transfiriendo facultades del Consejo General a la Presidencia del INE y a la Junta General Ejecutiva.
• La Presidencia del INE ahora puede designar libremente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin la aprobación del Consejo General.

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• La Junta General Ejecutiva obtiene atribuciones para decidir sobre funciones electorales sustantivas que antes correspondían al Consejo General.
• Este cambio concentra el poder en la Presidencia del INE, transformando una dirección colegiada en una unipersonal.
• Esta modificación se considera una regresión en el diseño democrático del INE, debilitando la garantía de imparcialidad a través de la toma de decisiones colegiadas y públicas.
• El autor destaca la importancia histórica de la estructura colegiada del INE (antes IFE), desde su creación en 1990, y su evolución hacia un mayor equilibrio y autonomía.
• Se menciona la participación de consejeros ciudadanos de alto nivel y prestigio en la conformación del INE, con un historial a favor de la democratización.
• El Consejo General del INE ha decidido promover una controversia constitucional ante la SCJN para impugnar estas modificaciones.

Conclusión:

Jaime Rivera Velázquez argumenta que las modificaciones a la LGIPE representan un retroceso en la construcción de un INE independiente e imparcial. La concentración de poder en la presidencia, en lugar de la toma de decisiones colegiadas, genera preocupación por la vulnerabilidad a presiones externas y la consiguiente pérdida de confianza en la institución. La decisión del Consejo General del INE de recurrir a la SCJN refleja la gravedad de la situación y la esperanza de que la reforma regresiva sea invalidada, preservando así la fortaleza y confiabilidad del INE.