La 4T y la reforma judicial: ¿imposible tender puentes?

Este texto de Enrique Quintana, publicado el 3 de noviembre de 2024, analiza la compleja situación política y jurídica en México derivada de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la elección de juzgadores, en el contexto de la tensión entre el Poder Judicial y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El autor explora las posibles consecuencias de la aprobación o rechazo de la propuesta, y las implicaciones para la estabilidad institucional del país.

Resumen:

• La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara para modificar el proceso de elección de juzgadores, que busca la elección popular de los altos cargos del Poder Judicial, tiene altas probabilidades de ser aprobada por una mayoría calificada de la Corte.
• La propuesta mantiene el objetivo principal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que Morena y la presidencia tengan control sobre la Corte.

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• Ricardo Monreal y otras instancias oficiales rechazaron la propuesta, adoptando una postura de "todo o nada".
• La reforma de "Supremacía Constitucional" limita el poder de la Corte para revisar la constitucionalidad de las reformas, incluso si son inconsistentes con el espíritu de la Constitución.
• Si la Corte ordena la suspensión del proceso electoral de jueces y magistrados, es probable que el Legislativo y el Ejecutivo desobedezcan, llevando a una "crisis constitucional".
• La presidenta Sheinbaum ha descartado un juicio político contra los ministros que respalden la propuesta de González Alcántara, pero legisladores de la 4T podrían tomar acciones en su contra.
• La falta de una negociación que implique concesiones de ambas partes (la Corte y la 4T) es el principal problema. La 4T debería ceder en la exclusión de jueces y magistrados ordinarios de la elección popular para evitar la crisis.
• La baja participación electoral (Sheinbaum obtuvo solo el 36.4% de los votos) indica una falta de apoyo popular amplio al gobierno, lo que agrava la situación.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría ser la instancia internacional a la que se recurra, aunque sus procesos son lentos y sus decisiones pueden ser ignoradas.

Conclusión:

El texto de Quintana presenta un panorama sombrío para la estabilidad institucional de México. La falta de voluntad para negociar y la rigidez de las posturas de ambos bandos auguran una posible crisis constitucional, con consecuencias impredecibles para el país. La baja legitimidad del gobierno actual, reflejada en la baja participación electoral, exacerba la situación y reduce las posibilidades de una solución pacífica. La injerencia del gobierno en el Poder Judicial, y la falta de mecanismos efectivos de control constitucional, son los principales factores que contribuyen a esta crisis.