Este texto de Jaime Núñez, publicado el 29 de Noviembre de 2024, analiza el impacto negativo del nuevo impuesto de 42 dólares por pasajero de cruceros en la economía mexicana, particularmente en el sector turístico. El artículo destaca la preocupación de la industria y las potenciales consecuencias económicas y sociales de esta medida.
Resumen:
El cobro de 42 dólares por pasajero de crucero, aprobado en la Ley Federal de Derechos 2025, incrementa en un 213% el costo de atracar en puertos mexicanos comparado con el promedio del Caribe, convirtiendo a México en el destino más caro de América Latina.
Michele Paige, presidenta de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), advierte que este impuesto amenaza la llegada de más de 10 millones de pasajeros y 3300 escalas proyectadas para 2025.
La industria de cruceros genera aproximadamente mil millones de dólares en ingresos directos anuales, más de 20 mil empleos y 200 millones de dólares en salarios en México. En Quintana Roo, representa el 42% del PIB.
El costo total por pasajero en México podría alcanzar los 70.85 dólares, comparado con los 24 dólares en las Islas Caimán y los 16 dólares en San Tomás, Islas Vírgenes.
Este aumento podría desviar itinerarios hacia destinos más competitivos, afectando el gasto promedio de 100 dólares por pasajero en las comunidades y 50 dólares adicionales por miembro de la tripulación.
Se pone en riesgo una inversión de 600 millones de dólares de Royal Caribbean en Majahual y los esfuerzos de reconstrucción de Acapulco.
Las 24 líneas de cruceros representadas por la FCCA evalúan alternativas que podrían reducir drásticamente las escalas y pasajeros en puertos mexicanos, con consecuencias económicas y sociales severas.
La falta de diálogo y la premura en la implementación del impuesto generan dudas sobre la capacidad de México para mantener su competitividad turística.
Conclusión:
El artículo de Jaime Núñez resalta la grave amenaza que representa el nuevo impuesto para la industria de cruceros en México, con potenciales consecuencias económicas devastadoras y un impacto negativo en las comunidades costeras. La falta de diálogo previo a la implementación de la medida pone en entredicho la estrategia del gobierno mexicano en el sector turístico.
