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Este texto de Salvador García Soto, del 28 de noviembre de 2024, reporta sobre una denuncia ciudadana que acusa a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) de conflicto de intereses. La denuncia se centra en la asistencia del contralor capitalino a un partido de la NFL como invitado de una empresa que recientemente obtuvo un contrato multimillonario con el gobierno.

Resumen:

• Se presenta una denuncia ciudadana anónima ante la Secretaría de la Función Pública Federal, la Jefa de Gobierno Clara Brugada, el SAT, la UIF, la FGR, la Secretaría de Hacienda, la CNByV, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Auditoría Superior de la CDMX.
• La denuncia involucra a Juan José Serrano Mendoza, contralor de la CDMX; Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX; y Gustavo Gutiérrez Galindo, dueño de la empresa Broxel.
• Serrano Mendoza fue visto en un partido de la NFL en Miami, en un palco de lujo de Broxel, empresa que recientemente ganó un contrato de 3,700 millones de pesos para la adquisición de vales de despensa para trabajadores del gobierno de la CDMX.
• La denuncia alega irregularidades en la licitación (SAF-DGRMSG-LP-05-24) que favoreció a Broxel, incluyendo una cláusula que solo esta empresa cumplió y una reducción drástica del porcentaje de bonificación sin previo aviso.
• Se solicita investigar el financiamiento del viaje de Serrano Mendoza a Miami, su posible relación con Gutiérrez Galindo, su participación en la licitación y la de De Botton.
• Se pide investigar posibles delitos como conflicto de interés, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, soborno y colusión.
• Se mencionan los números de folio de las solicitudes de información vía transparencia presentadas a dependencias de la CDMX y federales.

Conclusión:

El artículo de García Soto destaca una situación potencialmente grave de conflicto de intereses dentro del gobierno de la CDMX. La investigación de la denuncia ciudadana y la respuesta de la Jefa de Gobierno Clara Brugada serán cruciales para determinar si se actuó de manera ética y legal en la adjudicación del contrato a Broxel. La investigación también pondrá a prueba el compromiso de la administración de Brugada con la transparencia y la lucha contra la corrupción.