Consecuencias de una reforma atropellada

Este texto, escrito por Gabriel Mendoza Elvira el 25 de noviembre de 2024, analiza las deficiencias en el proceso legislativo de la reforma judicial en México, específicamente en relación a la elección de jueces, magistrados y ministros prevista para junio de 2025. El autor critica la premura con la que se llevó a cabo la reforma y sus consecuencias en la organización del proceso electoral.

Resumen:

• Se cuestiona la supuesta solicitud del INE (Instituto Nacional Electoral) de una prórroga de 90 días para la elección de jueces, magistrados y ministros, una solicitud que requeriría una nueva reforma constitucional.
• Se critica la falta de un proceso legislativo adecuado, incluyendo un estudio pormenorizado de impacto regulatorio, diálogo con expertos y análisis de costos.

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• Se argumenta que la reforma judicial se diseñó y procesó con prisa, sin considerar el tiempo necesario para impugnaciones, adecuación de normas secundarias y organización electoral.
• Se señala que existen suspensiones judiciales que impiden el normal desarrollo del proceso electoral, debido a violaciones alegadas al Estado de derecho. A pesar de que el Tribunal Electoral ha declarado que el proceso debe continuar, se ignoran algunas determinaciones judiciales.
• Se destacan las razones técnicas que exigen más tiempo al INE, como la necesidad de compatibilizar la geografía electoral con la judicial, la capacitación y la preparación de materiales electorales.
• Se menciona que las legislaturas estatales tienen hasta marzo para aprobar la normativa que regirá sus poderes judiciales, lo que complica aún más el cumplimiento de los plazos.
• Se concluye que la calidad de la elección está comprometida, amenazando los derechos humanos y la participación ciudadana.

Conclusión:

El autor concluye que la prisa en la aprobación de la reforma judicial ha generado un proceso electoral deficiente y con riesgos para el Estado de derecho, la participación ciudadana y los derechos humanos. La falta de planificación y el atropello legislativo ponen en entredicho la legitimidad del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.