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Este texto, escrito por Gabriel Mendoza Elvira el 25 de noviembre de 2024, analiza las deficiencias en el proceso legislativo de la reforma judicial en México, específicamente en relación a la elección de jueces, magistrados y ministros prevista para junio de 2025. El autor critica la premura con la que se llevó a cabo la reforma y sus consecuencias en la organización del proceso electoral.

Resumen:

• Se cuestiona la supuesta solicitud del INE (Instituto Nacional Electoral) de una prórroga de 90 días para la elección de jueces, magistrados y ministros, una solicitud que requeriría una nueva reforma constitucional.
• Se critica la falta de un proceso legislativo adecuado, incluyendo un estudio pormenorizado de impacto regulatorio, diálogo con expertos y análisis de costos.
• Se argumenta que la reforma judicial se diseñó y procesó con prisa, sin considerar el tiempo necesario para impugnaciones, adecuación de normas secundarias y organización electoral.
• Se señala que existen suspensiones judiciales que impiden el normal desarrollo del proceso electoral, debido a violaciones alegadas al Estado de derecho. A pesar de que el Tribunal Electoral ha declarado que el proceso debe continuar, se ignoran algunas determinaciones judiciales.
• Se destacan las razones técnicas que exigen más tiempo al INE, como la necesidad de compatibilizar la geografía electoral con la judicial, la capacitación y la preparación de materiales electorales.
• Se menciona que las legislaturas estatales tienen hasta marzo para aprobar la normativa que regirá sus poderes judiciales, lo que complica aún más el cumplimiento de los plazos.
• Se concluye que la calidad de la elección está comprometida, amenazando los derechos humanos y la participación ciudadana.

Conclusión:

El autor concluye que la prisa en la aprobación de la reforma judicial ha generado un proceso electoral deficiente y con riesgos para el Estado de derecho, la participación ciudadana y los derechos humanos. La falta de planificación y el atropello legislativo ponen en entredicho la legitimidad del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.