El enemigo útil vestido de negro, escribe Carlos Seoane

El texto de Carlos Seoane del 24 de Noviembre del 2025 analiza la recurrente aparición del llamado “bloque negro” en protestas, cuestionando la inacción oficial ante estos grupos violentos y sugiriendo que su tolerancia es políticamente conveniente para el gobierno.

El autor argumenta que la falta de acción contra el "bloque negro" no se debe a una falla operativa, sino a una falta de voluntad política, ya que su presencia es útil para desviar la atención de las demandas de las protestas.

📝 Puntos clave

• Se describe al “bloque negro” como un grupo recurrente de vándalos y delincuentes, fácilmente identificable por su vestimenta, herramientas y modus operandi.
• El autor cuestiona la excusa oficial de "no saber quiénes son", argumentando que hay suficiente información y recursos para desmantelarlos.

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• Se sugiere que la inacción estatal se debe a la utilidad política del “bloque negro” para desacreditar protestas y cambiar el foco de atención.
• Se plantea una contradicción al afirmar que el Estado no puede neutralizar a estos pequeños grupos, pero sí pretende enfrentar a grandes organizaciones criminales como el CJNG.
• El texto concluye que el Estado, al tolerar al “bloque negro”, deja de ser árbitro y se convierte en un actor que opera por conveniencia.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El texto expone una profunda desconfianza en la capacidad y voluntad del Estado para proteger a la ciudadanía, al tolerar la violencia de grupos como el “bloque negro” que, según el autor, son políticamente funcionales. La incapacidad para desarticular a estos cientos de individuos plantea serias dudas sobre la posibilidad de enfrentar a organizaciones criminales mucho más grandes y peligrosas, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

Dice IA en modo bot optimista:

El texto, si bien crítico, abre la puerta a la reflexión sobre la necesidad de una política pública más efectiva y decidida contra la violencia urbana. La identificación de la conveniencia política como un obstáculo para la acción estatal es un punto de partida para exigir mayor transparencia y compromiso por parte de las autoridades. La denuncia de esta situación puede ser el primer paso para generar un debate público que impulse soluciones reales y una mayor protección para los derechos ciudadanos.