En defensa de la independencia y la colegialidad

Este texto de Dania Ravel, Consejera del INE, publicado el 12 de noviembre de 2024 en El Heraldo de México, analiza las implicaciones de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y el equilibrio de poderes dentro de la institución. La autora argumenta que la reforma debilita el rol colegiado del Consejo General (CG) del INE y concentra excesivo poder en la Junta General Ejecutiva (JGE).

Resumen:

• El INE, desde su creación como Instituto Federal Electoral en 1990, ha funcionado con un Consejo General (CG) que toma decisiones por mayoría, promoviendo la pluralidad y el consenso.
• Una reforma a la LGIPE, publicada el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, modificó los artículos 45 y 48, afectando el equilibrio de poderes dentro del INE.

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• La reforma elimina la participación del CG en la designación de titulares de áreas técnicas, concentrando esta facultad en la Presidencia del INE.
• La reforma amplía significativamente las atribuciones de la Junta General Ejecutiva (JGE), permitiéndole aprobar casi cualquier acuerdo administrativo, técnico u operativo, sin especificar si estos deben ser revisados por el CG. Esto podría invadir las competencias del CG.
• Ante esta situación, se presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restablecer el equilibrio institucional y las atribuciones del Consejo General. Dania Ravel respalda esta decisión, confiando en el Estado de derecho y en la resolución de la SCJN.

Conclusión:

El artículo de Dania Ravel destaca la preocupación por la concentración de poder en la Presidencia del INE y la posible invasión de atribuciones del Consejo General por parte de la Junta General Ejecutiva, tras la reforma a la LGIPE. La autora enfatiza la importancia del trabajo colegiado y la necesidad de mantener el equilibrio institucional dentro del INE, confiando en que la SCJN resolverá la controversia constitucional presentada.