Análisis de Columna de Opinión La intención es buena; resultados, los de siempre en El Financiero

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Este texto de Oscar Mario Beteta, fechado el 31 de Octubre de 2025, critica la reciente aprobación de la Ley contra la Extorsión en México, argumentando que, aunque busca abordar el creciente problema de la extorsión, en realidad favorece la impunidad de los funcionarios públicos corruptos.

La ley reduce las sanciones para los funcionarios que omiten denunciar la extorsión, lo que perpetúa la impunidad institucional.

📝 Puntos clave

La Ley contra la Extorsión fue aprobada con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones.
El objetivo de la ley es responder al aumento del 58% en los casos de extorsión en los últimos seis años.
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La ley homologa el delito en las 32 entidades del país.
La ley reduce las sanciones para los servidores públicos que omiten denunciar la extorsión, pasando de 10-20 años a 5-12 años de prisión.
El autor argumenta que esta reducción de sanciones perpetúa la impunidad institucional y favorece la corrupción.
El 97% de las víctimas de extorsión no denuncia.
El autor critica que la ley no aborda las estructuras corruptas que permiten la extorsión.
El autor menciona que la extorsión aumentó más del 20% entre enero y septiembre de este año.
El autor también menciona el pésame al licenciado Carlos Salomón por el fallecimiento de su sobrino.
El senador Félix Salgado Macedonio propuso que en la reforma electoral del próximo año quede estipulado que no se hagan campañas anticipadas.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal problema que el autor identifica en la nueva Ley contra la Extorsión?

La principal crítica es que la ley, al reducir las sanciones para los funcionarios públicos que omiten denunciar la extorsión, en realidad protege la corrupción institucional y permite que la extorsión continúe sin control. Esto socava la efectividad de la ley y perpetúa la impunidad.

¿Qué aspecto positivo reconoce el autor en la Ley contra la Extorsión?

El autor reconoce como un punto positivo la homologación del delito en las 32 entidades del país.